domingo, 28 de agosto de 2011

La Resistencia Hondureña frente al triángulo del Aguan: militarización, terratenientes y narcos

Por Klaudia Korol

“La situación en el Aguan está muy difícil en los últimos días, a raíz del proceso de recuperación de tierras de once organizaciones campesinas en esta región, y particularmente de lo que es el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y del Movimiento Campesino de Rigores, que han incrementado sus acciones. 

Como respuesta se asesinaron a cuatro presidentes de organizaciones campesinas. El último fue Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, decapitado por sicarios el 21/8 junto a su esposa, la señora Reina Mejía Licona. En este momento está su velatorio. Han asesinado en dos años a unos 51 campesinos. 

Es una permanente violación a los derechos humanos, y una sistemática represión contra el movimiento campesino organizado. Estos campesinos que han sido asesinados eran miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Veinticuatro horas antes habían asesinado al campesino Secundino Ruiz, presidente de una empresa campesina que se llama San Isidro, y presidente de otro movimiento campesino que se llama Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA)”[1].

El Aguan es un territorio sembrado de palma y regado de vidas de campesinos. Un lugar de resistencias, que viene transformándose en una “nueva Colombia”, como laboratorio de macabras represiones. Con asesoramiento de EE.UU. y Colombia, el Aguan se ha vuelto un “territorio liberado” por las mafias a sueldo de los terratenientes, para garantizar la realización de sus tremendas ganancias. Explotación, corrupción, militarización, sicariato, paramilitares, narcos… confluyen en la creación de un campo experimental de la “doctrina de seguridad democrática”, que hace de la vida humana una mercancía descartable, seguramente de las más baratas.

El líder campesino Secundino Ruiz, fue asesinado en el mismo fin de semana, por balas disparadas desde una motocicleta, cuando viajaba en un automóvil junto a otro integrante de la misma organización, Eliseo Pavón (quien fue herido en ese mismo acto). Secundino Ruiz tenía “medidas cautelares” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma OEA que dispuso el ingreso de Honduras a su organización, valorando “los pasos dados en el restablecimiento de la democracia” y “decretando” la “reconciliación de la familia hondureña”. ¿Reconciliación? ¿Medidas cautelares?... Cautela debería tener la OEA cuando habla de “reconciliación nacional” en el marco de un gobierno nacido de un golpe de estado.

Los hechos que están sucediendo en el Aguan, subraya el coordinador del FNRP de la región Wilfredo Paz Zúniga, constituyen “una violación total a los acuerdos de Cartagena, y un incumplimiento total de los acuerdos de paz. Lamentablemente los acuerdos de Cartagena legitimaron al régimen de Porfirio Lobo Sosa a nivel internacional, blanqueando el golpe de estado. Hay un cerco mediático a nivel internacional, sobre todo preparado por los grandes empresarios, que argumentan que la militarización de estas zonas se debe a que hay grupos guerrilleros. Con esa excusa combaten y criminalizan al movimiento campesino”.

En una declaración firmada por diferentes organizaciones populares[2] del Aguan se denuncia la publicación realizada por el Diario La Prensa el día 25 de agosto del 2011. Dicen los movimientos en su comunicado: “La noticia publicada el día de hoy por el Diario la Prensa, propiedad de Jorge Canahuati Larach, bajo el título de "El Comandante. Dirige a 300 hombres en el Aguan", es parte de la campaña dirigida para crear un escenario de guerra en Honduras, destinado a fortalecer el modelo de "plantación", basado en la acumulación de tierras y explotación de mano de obra, el cual ha producido enormes réditos económicos para un grupúsculo de empresarios productores de palma africana”.

En ese artículo el diario golpista La Prensa sostiene que “El operativo Xatruch II ahora tiene el reto de identificar el sitio donde se encuentran estos grupos que operan al menos con 300 personas armadas, y que están bajo el mando del “Comandante”, según los investigadores”. Responsabilizan a este grupo de las ocupaciones de tierras. “Se conoce que al menos dos nicaragüenses son los que les han dado todo el entrenamiento” afirman, dando luz verde para la cacería de extranjeros solidarios[3].

Replican por su parte las organizaciones campesinas: “La "fértil imaginación" de los periodistas y organismos de inteligencia, de donde ha surgido el señalamiento de la presencia del "Comandante" y los 330 hombres armados, es un descrédito para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad, que han venido ejerciendo un estricto control sobre la zona, especialmente después del inicio de la administración de Porfirio Lobo y sus asesores colombianos en materia de "Seguridad Democrática"”.

“La enorme cantidad de efectivos militares en esta zona –asegura en el mismo sentido Wilfredo Paz Zúniga-, no ha llegado para proteger la vida de los campesinos sino para continuar protegiendo las tierras de los poderosos terratenientes. Esta región está casi en estado de sitio. Los militares se han tomado los principales puntos de las carreteras y ahí permanecen todo el día. Bajan a la gente de los carros, les piden sus documentos, les revisan sus cosas, los retienen por espacio de 30 minutos.

En las ciudades –aquí en la región hay cinco ciudades importantes- al atardecer no hay tráfico por las carreteras ni hay personas que puedan movilizarse por las calles… Los terratenientes tienen grupos armados de paramilitares, con el visto bueno del ejército de Honduras y de la policía nacional preventiva. Es más, muchas veces a los guardias se les presta uniformes del ejército nacional, e inclusive se les prestan las mismas armas, de tal manera que hay un contubernio de los operadores de la justicia y los terratenientes en contra de los campesinos… 

El ejército y los guardias de los terratenientes han sido asesorados, en primer lugar, por miembros del ejército norteamericano, y en segundo lugar, estos terratenientes visitaron Colombia exclusivamente para traer paramilitares colombianos. De hecho, el tipo de secuestro que se da en Colombia se está operativizando en esta zona. Es un secuestro donde a los que secuestran, les quieren sacar verdad, les van cortando el cuerpo por pedazos. Eso es lo que está aconteciendo con algunos secuestros de campesinos que han ocurrido en nuestra zona. 

Pero además hay un inminente peligro, pues en las últimas horas el Frente de Resistencia Nacional Popular tiene la información de que han ingreso al Valle del Aguan unos 40 miembros paramilitares de “Los Zetas”[4], que vienen desde México, traídos por los terratenientes para coadyuvar esfuerzos con la operación militar que hay, y exterminar prácticamente al movimiento campesino de la región”.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció en un comunicado que “el régimen instaló la militarización en El Aguan a través de la Operación Xatruch II, con el argumento de que llevaría “la paz” a la zona, pero se han incrementado los asesinatos contra los campesinos en las últimas horas”.

La Operación Xatruch II significa la presencia de más de 1000 efectivos militares y policiales en el Bajo Aguan. Agrega el COFADEH que “organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en un pronunciamiento público que sólo será posible lograr una salida pacífica y negociada del conflicto agrario en el Bajo Aguan mediante la puesta en marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras, incluyendo las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, erradicar la impunidad, el efectivo control y supervisión de la seguridad pública y privada en la zona, la garantía del derecho a la alimentación de la población facilitando su acceso a la tierra, así como mediante el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes”.

Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, analiza estos hechos en el marco de los cambios producidos en el contexto internacional, a partir de los acuerdos de Cartagena de Indias[5]: “Creo que se reafirmó lo que dijimos hace algunos meses, cuando fue incorporada Honduras a la OEA. Nosotros manifestamos que Pepe Lobo era un personaje puesto por los golpistas, por las elecciones fraudulentas militarizadas del 2009. Que era un personaje sin poder, porque los que realmente siguen mandando en este país son la oligarquía y las transnacionales. 

Esto viene a confirmar la situación, ya que los poderes reales represivos cuentan con la utilización del Ejército de Honduras, que no se puede llamar Ejército Nacional sino que es un ejército mercenario, que son los que verdaderamente mandan sobre las fuerzas armadas, sobre las fuerzas policiales, de investigación, ya que en el Aguan se ha continuado de manera impune asesinando, amenazando descaradamente a campesinos y campesinas, criminalizándolos, asesinándolos. Creo que éste es otro período en el que la oligarquía le demuestra a Pepe Lobo que aquí se hace lo que ellos dicen, y no lo que él aparenta realizar en este país como supuesto mandatario.

Es una situación que pone en mayor exposición a los compañeros y compañeras dirigentes del Aguan, ya que ni acuerdos firmados como el de Cartagena, o como lo manifestado por el mismo régimen de tener un ministerio de derechos humanos, nada, absolutamente nada importa aquí. Sigue sin existir una institucionalidad que garantice la vida. En este país la vida es algo que no vale, que puede costar 500 lempiras, unos 30 dólares... En el Aguan sigue creciendo el intervencionismo gringo.

Los compañeros han denunciado la presencia de mercenarios colombianos, gringos, y se continúa fortaleciendo al Ejército que sigue entrenándose en la Escuela de las Américas y en otros lugares del mundo, incluso participando en ejercicios militares marítimos que suponemos que son parte del Plan Mérida, donde se están instalando las bases militares de EE.UU., sobre todo en las regiones marítimas costeras. El estilo del sicariato empleado en los asesinatos es muy similar al de los años '80 y a la forma de tortura que se emplea en Colombia.

Yo creo que aquí tiene mucho que ver el entrenamiento contrainsurgente de la CIA, de los aparatos especializados en entrenar a fuerzas militares y paramilitares, de formarlas, organizarlas, estructurarlas. Muchas están muy vinculadas al narcotráfico. Es una combinación de fuerzas de la policía y el ejército con gringos y con colombianos que se mueven entre el anonimato y como ejército colombiano. Ya hicieron una operación en Honduras de un supuesto rescate de secuestro que realmente nunca se conoció la verdad sobre eso, y operaban hasta con un informe colombiano aquí en Honduras. 

Son capaces de ejercer métodos de tortura de una manera increíble, impensable. Violencia física, emocional, torturas, sometiendo a la gente a tratos sumamente crueles, criminales. Lo otro es pagar a matones para matar a compañeros y compañeras por encargo. Eso es aquí como una industria, como un mercado más. Y hay algo que es importante decir: la criminalización no llega sólo a los campesinos, sino también a personas de otros países que están en la solidaridad. Hay una disposición de Oscar Álvarez -un tipo del régimen muy peligroso, un fiel seguidor de los gringos-, que ha impulsado una política de perseguir a los extranjeros y extranjeras en nuestro país. Nosotros ya tuvimos un caso muy cercano en el COPINH. Estamos viendo que hay una criminalización hacia la solidaridad internacional. 

Están diciendo que son extranjeros los que están impulsando la violencia en el Aguan, y también que están impulsando las guerrillas. Yo creo que se quiere arrinconar al movimiento campesino más radical, más firme, que no entró en un proceso de negociación, no porque significara renunciar a sus luchas y su dignidad, sino más bien porque los acuerdos están establecidos en términos que no son aceptables para este sector campesino”.

La resistencia del Aguan frente a los señores del poder

Se señala en el comunicado de las organizaciones campesinas: “Actualmente en Honduras existen más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado de Honduras una estrategia agraria para solventar la grave problemática social que existe en el país”. En otro tramo se afirma que “el conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas en manos del palmero de la muerte Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo”.

Frente a esta situación, los campesinos y campesinas del Aguan han venido realizando un proceso sostenido de recuperación de tierras. Señala al respecto Wilfredo Paz Zúniga: “Aquí hay un poderoso movimiento campesino, organizado desde hace unos once años. Las motivaciones para impulsar este proceso, precisamente surgen de la existencia de miles de familias campesinas que no tienen ni un centímetro de tierra. 

En este sentido queremos señalar que a los empresarios terratenientes, una ley que se llamó Ley de Modernización Agrícola, les facultó tener más de 30 hectáreas de tierra, y para el sector empresario les facultó tener más de 300 hectáreas. Pero estos señores terratenientes no tienen 300 hectáreas. Aquí tienen 200 mil, 300 mil hectáreas.

Estamos hablando del empresario Miguel Facussé, del empresario Reynaldo Canales y del empresario René Morales, como de igual forma de la Standard Fruit Company, una compañía que ha venido explotando el suelo de este valle desde 1870, y que aún permanece en la zona. El gran conflicto se deriva porque los campesinos ahora quieren recuperar tierras que fueron mal compradas, mal adquiridas, que fueron muchas veces usurpadas por estos señores, que se las quitaron a los campesinos y al estado, y empezaron a aprovecharse de ellas”.

La crisis del Bajo Aguan, denuncian las organizaciones campesinas, surge como consecuencia “del modelo de plantación que se viene dando en Honduras desde inicios del siglo XX, cuando las compañías bananeras se apropiaron de los valles fértiles de Honduras. En el siglo XXI, el auge de los agrocombustibles replica los despojos del pasado con el agravante que millones de personas se encuentran desposeídas”.

En el centro del actual despojo se encuentra Miguel Facussé. Su grupo posee el complejo agroindustrial Dinant, que fabrica y comercializa aceite de palma. Fue condecorado en el 2004 con la Orden Mérito a la Democracia… por el Senado de Colombia. La investigadora de la Universidad Nacional de Honduras Leticia Salomón, señaló en una conferencia el papel del grupo familiar Facussé en el golpe de estado en Honduras. “Fue planeado –aseguró- por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras, dueño del periódico La Tribuna, que junto con La Prensa, El Heraldo, los canales de TV 2, 3, 5 y 9, fueron pilares fundamentales del golpe”[6]. Recordó también que Miguel Facussé en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos del Aguán, a menos del 10% de su valor real.

Denuncia por su parte Berta Cáceres: “Miguel Facussé es todo un personaje en este país. Es una persona que no es originaria de Honduras. Después de muchos años consiguió enquistarse en el poder económico y político. Fue beneficiado, y ahí está basado su poder económico, en muchos actos de corrupción conocidos aquí en Honduras. Eso, junto a otros personajes de esta clase en nuestro país que así fueron acumulando sus riquezas, extorsionando al débil estado hondureño, “poniéndose” a la moda del grito del “desarrollo” impuesto. Entre ellos el tema de la palma africana, también con productos que están en todos los mercados -y no sólo en Honduras sino en toda Centroamérica- que son atractivos. Son los productos que se pueden comercializar mejor en los tratados de libre comercio. Por ejemplo cítricos o frutas que llaman exóticas, beneficiadas con los fondos de carbono.

Porque con sus monocultivos han creado esto que promueven los organismos financieros, esta política de que los monocultivos son productores de oxígeno. Él ha sido beneficiario de los fondos de carbono por la palma africana, que son monocultivos y hacen todo lo contrario. Miguel Facussé es una de las figuras más despreciadas del país, porque representa el emporio económico enclavado en Honduras; un tipo que ha sido capaz de ordenarle al ejército masacrar, reprimir. Tiene poder en todos lados, ya sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial. No sólo está en la costa norte, sino que ahora adquiere 70 mil hectáreas en La Mosquitia para sembrar monocultivos de palma africana, y ser beneficiado otra vez con los fondos de carbono. Está en el sur, en Zacate Grande, donde también ha ejercitado mucha represión contra los campesinos y campesinas, los pescadores y pescadoras.

En nuestra zona ha querido imponer varios hidroeléctricas y represas, y recientemente hemos sabido que quiere impulsar un proyecto eólico junto a otras empresas transnacionales. Pero en el Aguan no sólo está él. Están también René Morales y Reinaldo grandes terratenientes que tampoco son de origen hondureño, incluso uno estuvo involucrado con el somocismo y con la contrarrevolución sandinista. Estos personajes vienen apareciendo con enorme poder de represión contra las comunidades campesinas”.

Subraya Wilfredo Paz Zúniga que “en el caso de Miguel Facussé estamos hablando de una de las personas millonarias más ricas de Honduras, y una de las personas que estuvo detrás del golpe de estado, pues uno de sus aviones sirvió para que trasladaran, tras operativizar el golpe, a Patricia Rodas, que era canciller de Honduras, a la Ciudad de México”.

La movilización social y la solidaridad internacional

Analizando las fuerzas de la resistencia, nos dice Berta Cáceres: “Sabemos que al interior del Frente ha habido un debate de varios compañeros y compañeras que han exigido de manera seria que hay que encaminar esfuerzos, realizar acciones concretas para fortalecer los movimientos sociales, la lucha social, que es en lo que siempre hemos insistido como COPINH. Mantener la lucha social, reforzarla, profundizarla. 

En este debate surgió el acuerdo de plantearse un plan de lucha de los movimientos sociales. Eso ha sido muy bueno. Lo lamentable es que no ha tenido el nivel de importancia como cuando se habló de la batalla electoral. No se asume con suficiente fuerza el tema de la lucha social. Todavía hay una enorme debilidad en la articulación y acompañamiento -por ejemplo- de esta lucha de los estudiantes y las estudiantes en el país. 

Creo que ha sido parte de la opción del movimiento estudiantil, debido al peligro de politización partidaria, mantener su autonomía, aunque ya hay en cada región movimientos que acompañamos o nos solidarizamos con la lucha estudiantil, con la causa de la educación pública y con la lucha salarial, acompañando a los colegios magistrales. Yo creo que todavía al Frente le hace falta darle más empuje a este planteamiento que surgió de la última asamblea intermedia”.

El movimiento estudiantil ha renacido con fuerzas en el último período, retomando las luchas por la defensa de la educación pública. Y también ha tenido sus represalias. El 22 de agosto fue asesinado el estudiante Nahun Guerra Guerrero, que participaba en la toma de las instalaciones de la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega, en Santa Barbara. En otro territorio, en otro escenario, la respuesta es la muerte para quienes luchan. Y la respuesta también es la impunidad.

Wilfredo Paz Zúniga concluye con un llamamiento a la solidaridad internacional: “Estamos viviendo una situación sumamente difícil en la región, por lo cual queremos aprovechar este medio para solicitar a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los periodistas internacionales amigos: necesitamos de urgencia la presencia de una comisión internacional que tenga la permanencia siquiera de semanas, de días en esta región. Tal vez de esta manera se pueda parar el terrible asesinato de dirigentes campesinos en la región”.

Las organizaciones populares del Aguan concluyen en el mismo sentido su llamamiento: “Los miembros del movimiento campesino de la margen izquierda del Bajo Aguan tememos por la integridad de nuestras vidas y asentamientos, ante la ola de represión destinada a complacer a la élite de poder… ¡¡¡Es Urgente Detener una Masacre en el Bajo Aguan!!! Apoya enviando cartas a las autoridades hondureñas, solicitando lo siguiente:

- Respeto a los Derechos Humanos de los campesinos y campesinas de los Asentamientos: Aurora, Concepción, Rigores,  Marañones, La Confianza, Lempira, movimiento de Orica y MARCA.
- Finalizar con la política de hostigamiento del Bajo Aguan.
- Una estrategia de Estado para solucionar la grave problemática agraria nacional que afecta al campesinado hondureño.
- Urgente desmilitarización de la zona y control de los grupos paramilitares que se han apoderado de la zona.

Con indignación

Escribo con indignación, con rabia. No sé si la indignación y la rabia sirvan para escribir. Sirven, en todo caso, para comunicarnos. Es urgente detener esta masacre.
A los presidentes que se pusieron de acuerdo para promover el reingreso de Honduras a la OEA, les invito a que viajen al Bajo Aguan. Que miren los rostros de las familias de los asesinados y asesinadas. Que les expliquen cómo es que ese país, a cuyo gobierno golpista han recibido con honores, ha avanzado hacia la democratización. Que escuchen quiénes eran los compas y las compas torturados, rotos, masacrados. Que sientan por un momento la angustia. Que recuerden –si tienen memoria- como vivíamos bajo el dominio del terror. 

Que piensen una vez más en su voto en la OEA, en las razones de estado que sopesaron, en las estrategias comerciales dictadas desde el norte, en las presiones recibidas… y las comparen con los rostros del dolor, dibujados en las tierras hondureñas. No hay manera de reparar el daño cometido. Pero sí se puede exigir un alto a la masacre. Sí se puede suspender cualquier acuerdo comercial con la élite de un país que día a día niega la democracia.

Pero claro, esto tal vez resulte una utopía. Entonces, es hora de mirarnos, de repensar las agendas de los movimientos populares de Nuestra América, y decidirnos a volver a las calles por Honduras. Por nuestros caídos y caídas. Los del pueblo. Los más olvidados y olvidadas. Volver a las calles para que nadie calle. Para que la indignación diga una vez más, con todos los tonos y voces: No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.

Buenos Aires, 27 de agosto del 2011

Notas

[1] Entrevista realizada por la autora de esta nota el martes 23 de agosto a Wilfredo Paz Zúniga, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular del Aguan para el programa Noche Tras Noche de Radio Nacional de Argentina.
[2] Declaración firmada por Frente Departamental de Resistencia de Colón, Movimiento Campesino de Rigores, Movimiento Campesino de Orica; MARCA, MUCA MI, firmado en La Ceiba, Atlántida, el 25 de Agosto del 2011.
[4] Grupo reclutado originalmente entre miembros de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, para conformar los anillos de seguridad del cártel del Golfo. Luego se separaron del cártel y ampliaron sus acciones desde México hacia otros países de Centro América y América Latina. Son responsables de masacres de campesinos, de inmigrantes, de femicidios, y de asesinatos crueles en todos estos lugares.
[5] Entrevista realizada para este informe.